Julio Menchaca presenta iniciativa para reformar Poder Judicial en Hidalgo
La propuesta busca fortalecer la eficiencia y transparencia del PJ en la entidad
Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para transformar el Poder Judicial (PJ) en la entidad con el propósito de alinearlo con los principios de la reforma a nivel federal, este jueves 30 de enero de 2025.
Ante ello, la propuesta contempla la renovación del PJ en 2027, proceso de elección que tendrá que coincidir con los comicios federales, municipales y legislativos a nivel local que también se desarrollarán ese año. El mandatario estatal precisó que las campañas durarán 60 días y no tendrán etapa de precampañas.
Además, la iniciativa establece que no existirá financiamiento público o privado, así como que las personas electas en 2027 tendrán un periodo de seis a nueve años en el cargo con posibilidad de reelección.
Cabe destacar que se prevé que los aspirantes a un cargo judicial tendrán que acreditar su capacidad mediante un examen de oposición antes de ser considerados como candidatos. Sin embargo, “quienes actualmente ocupan cargos judiciales podrán participar en la elección de 2027, salvo que declinen expresamente su candidatura o busquen un cargo distinto”.
Aquellos que no participen o no resulten electos, recibirán una indemnización conforme a la legislación laboral vigente.
Crearán nuevas instituciones de administración judicial
Por otro lado, la propuesta estipula la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de sancionar responsabilidades administrativas de integrantes del PJ en Hidalgo.
Mientras que, el Consejo de la Judicatura desaparecerá una vez que entren en función las nuevas instancias, por lo que será reemplazado por el Órgano de Administración Judicial.
Finalmente, la iniciativa enviada por Julio Menchaca indica que el Poder Judicial contará con la prohibición de crear fideicomisos, fondos o contratos análogos que no estén previstos en la ley, así como que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa tendrán que resolver asuntos en materia tributaria en un plazo máximo de seis meses bajo riesgo de sanción.