Fundación Mary Street Jenkins reclama irregularidades en proceso legal
La Fundación Mary Street Jenkins emitió un comunicado en el que indica que en las últimas horas se ha establecido un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, para apropiarse ilícitamente de patrimonio privado.
En el comunicado señalaron que “se trata de una persecución política estructurada por el gobernador Miguel Barbosa, quien tiene a su alcance la fabricación de órdenes de aprehensión con el aparato que está a su disposición desde el Gobierno de Puebla”.
Reiteraron que hay una suspensión de amparo vigente que debe cumplirse y por eso se denunciará a los litigantes involucrados con los jueces 24 y 60 civiles de la Ciudad de México, que forman parte de una red de complicidades impune hasta el momento.
“El campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pese a ser un patrimonio privado, fue invadido el 29 de junio pasado por la Policía Estatal, donde la fundación argumenta que esta violó los derechos de la Fundación Mary Street Jenkins, de la Fundación de la UDLAP, de la familia Jenkins de Landa y de su equipo jurídico”.
Recordaron que obtuvieron una suspensión vigente otorgada por un Juzgado Federal para que la UDLAP sea devuelta de forma inmediata al Patronato legalmente constituido y presidido por Margarita Jenkins de Landa.
Sin embargo, “esta suspensión ha sido violada de forma reiterada e ilícita a través del contubernio entre los despachos de los abogados Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN y compañero de escaño de Miguel Barbosa; Rodrigo Gurza, quien se ostenta como apoderado legal de la FUDLAP, y el abogado Guillermo Barradas, vinculado a otros litigios irregulares en los que intervinieron también los jueces 24 y 60 civiles de la CDMX”.
Por este motivo, la Fundación Mary Street Jenkins presentará una queja formal contra los jueces 24 y 60 de la Ciudad de México ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que investigue su proceder, vínculos y complicidades.